La Cátedra de Ética y Pensamiento Social de IQS organizó, el pasado 10 de noviembre, una Tertulia de Emergencia para profesorado y personal administrativo, con el fin de reflexionar sobre la situación de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA).
Es de conocimiento público que la UCA es una prestigiosa universidad privada fundada por la Compañía de Jesús en Nicaragua en 1960. Sin embargo, el 17 de agosto de este año, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó su cierre y confiscación, acusándola de ser un “centro de terrorismo”, por su apoyo a las protestas sociales contra el gobierno.
La Dra. Edurne Larracoechea, Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Londres, fue la encargada de realizar la conferencia. Profesora del Máster de Género y Desarrollo de la UCA, y actualmente de la Universidad de Girona; pertenece a grupos feministas como Matagalpa (Nicaragua) y Feministas Autoconvocadas (Barcelona).
Nicaragua, segundo país más pobre de América Latina
Para empezar, la Dra. Larracoechea habló del contexto histórico de Nicaragua: un país centroamericano con una población de aproximadamente 6 millones, que enfrenta desafíos significativos. El 60% de la población es menor de 25 años, y solo el 15% se identifica como parte de un grupo indígena o étnico. Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina, con el 44,7% de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
En la década de los 80, después de la caída de la dictadura de los Somoza, se instauró la revolución sandinista que trajo algunas transformaciones positivas, así como ciertos cambios políticos en 1990. En 2006, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Daniel Ortega, volvió al poder. “La pregunta clave es cómo el FSLN, que lideró la revolución, se convirtió en represor”, puntualizó la ponente.
En 2018, el gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, enfrentaron protestas sociales que llevaron a una brutal represión. Esto resultó en asesinatos, exilios, presos políticos y ataques a la sociedad civil, a la libertad académica y a los derechos educativos. La Dra. Larracoechea sabe de primera mano que las feministas nicaragüenses denunciaron durante años a Ortega por abusos sexuales, especialmente después de que en 1998 apoyaran a Zoilamérica Narváez, hijastra de Ortega, en sus denuncias. Las feministas acusaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a Daniel Ortega de silenciar y ocultar los abusos.
La UCA como refugio del pensamiento libre y plural
La Dra. Larracoechea señaló que la UCA, además de ser una institución que representaba la calidad académica y la excelencia en Ciencias Sociales, el pensamiento progresista, la pluralidad de pensamiento; fue siempre un espacio de acogida para las feministas. “Todas las carreras tenían asignatura de género desde hace años”, añadió la experta.
Por otro lado, disponía del IHNCA (Instituto Historia de Nicaragua y Centroamérica), un centro con mucho reconocimiento; la sede de Nitlapan, centro de investigación y desarrollo; así como de la Revista Envío. Con una matrícula de más de 5.000 estudiantes de grado y postgrado, más de 500 docentes de planta y unos 200 colaboradores administrativos, era referente de excelencia académica y una de las universidades mejor equipadas del país centroamericano.
La ponente explicó a la audiencia el papel simbólico que jugaba la UCA: “Era uno de los últimos espacios que promovía el pensamiento libre y la crítica, en un ambiente académico de excelencia y reconocimiento internacional. Durante las protestas estudiantiles de 2018, se convirtió en un refugio y espacio seguro para el alumnado, pero también para la ciudadanía en general. Refugio en sentido literal y simbólico”.
En concreto, la Universidad Centroamericana se manifestó públicamente a favor de los estudiantes el 12 de mayo de 2018, cuando las autoridades jesuitas llamaron a “asumir con determinación la defensa de la vida del estudiantado y la inviolabilidad de los campus universitarios”, condenando la violencia estatal.
Las problemáticas de la comunidad universitaria
En opinión de la Dra. Larracoechea, “el cierre de la UCA es una venganza contra la universidad y contra los jesuitas por el papel que han jugado desde 2018, protegiendo a estudiantes y denunciando las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen”.
Con mucho detalle, la profesora fue describiendo los acontecimientos sufridos por la comunidad universitaria. Como primer acto simbólico, el gobierno de Daniel Ortega ordenó quitar el nombre de UCA de la puerta principal de la universidad (dos días después de la orden de cierre). Asimismo, ordenaron el cierre de la web de la universidad, y “una cosa muy grave para todos los estudiantes, ordenaron borrar los expedientes académicos”. Detuvieron a 4 líderes estudiantiles por denunciar el cierre de la UCA. Tres mujeres continúan en prisión hoy en día. Hace pocas semanas el gobierno les acusó formalmente por “posesión de marihuana”.
La conferenciante profundizó en los problemas prácticos que conlleva el cierre de la universidad para su comunidad estudiantil. Una semana después del cierre forzado, el gobierno de Nicaragua anunció que la universidad abriría bajo el nombre de “Casimiro Sotelo”; sin embargo, la fecha ha sido pospuesta en varias ocasiones y en este momento, está prevista para enero de 2024.
Los atropellos del gobierno de Ortega van más allá: a los 600 estudiantes de la UCA que se inscribieron en la UAM (Universidad Americana, propiedad del ejército) se les expulsó por orden de Rosario Murillo y se les comunicó que solo se les permitirá estudiar en la nueva universidad “Casimiro Sotelo”. En este momento, dicho alumnado solo tiene la opción de esperar a que se abra la universidad Casimiro Sotelo o solicitar el ingreso a UCA El Salvador o a Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Alrededor de 3.000 estudiantes (aproximadamente el 60%) han hecho la solicitud y desde la Asociación de Universidades Confiadas de la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal) están trabajando en recoger fondos para becas.
En este sentido, la Dra. Larracoechea constató la compleja situación que afronta ahora los estudiantes de la UCA, como problemas económicos, la posibilidad de emigrar, ya que estudiar en una de estas universidades supone aceptar el exilio, o el hecho que para algunas carreras como Derecho supone casi empezar de nuevo.
El público asistente a la charla encontró verdaderamente ilustrativa la exposición de la oradora invitada. Fue una experiencia enriquecedora que nos abre los ojos a realidades que están viviendo nuestros colegas profesores y profesoras, personal administrativo y cuerpo estudiantil de una universidad hermana en Centroamérica.
Texto e imágenes: IQS
