Ante las elecciones al Parlamento de Cataluña del próximo 14 de febrero, las entidades del Sector Social de la Compañía de Jesús en Cataluña dirigen a todas las candidaturas un conjunto de propuestas urgentes que el futuro gobierno de la Generalitat debería tener en cuenta para mejorar la situación de las personas más vulnerables.
Reivindican, entre otras propuestas, fortalecer el sistema de protección social, parar los desahucios, adoptar medidas para fomentar la autonomía de las personas sin hogar, facilitar la inserción laboral de las personas migrantes, garantizar el permiso de residencia y trabajo para los jóvenes extutelados, o permitir la regulación temporal de las personas que se mueven para trabajar como temporeros.
Las entidades del Sector Social de la Compañía de Jesús en Cataluña acogen, atienden y acompañan más de 15.000 personas en situación de pobreza, precariedad y exclusión, a través de 45 proyectos ubicados en las ciudades de Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Lleida, gracias a la acción social y educativa de más de 100 profesionales y cerca de mil personas voluntarias. Es desde esta experiencia que formulan sus demandas, que acompañan de testimonios que ponen de manifiesto las situaciones que denuncian.
En el documento que han hecho público hoy, estas entidades recuerdan, como ya se ha ido viendo los últimos meses, que la crisis sanitaria, social y económica tendrá sus peores consecuencias en aquellos colectivos más vulnerabilitzados: niños/as, migrantes en situación administrativa irregular o personas en situación de sinhogarismo, entre otros. Y denuncian que no se les ha tenido presentes en muchas de las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias y políticas.
Las propuestas que se recogen en este documento se articulan en torno a tres ejes: servicios sociales, vivienda y migración.
Fortalecer el sistema de protección social y garantizar su universalidad
La pandemia ha supuesto el colapso de unos servicios sociales ya de por sí precarios e infravalorados, pero esenciales para el mantenimiento de una sociedad cohesionada, con garantías democráticas y que asegure la justicia social. Por ello reivindican garantizar la universalidad en el acceso a los servicios sociales básicos, que ya está establecida pero que se ve cuestionada por la brecha digital, los trámites laboriosos o la falta de espacios donde hacer los trámites en línea, por ejemplo. Consideran fundamental también ofrecer una atención presencial digna y de calidad; evitar las duplicidades de información para mejorar eficiencia; y fortalecer el sistema de prevención en el marco de los planes de desarrollo comunitario.
La vivienda como derecho fundamental
La vivienda es un derecho fundamental e indispensable para cualquier proyecto vital. Su mercantilización provoca la exclusión de una parte de la población, que no puede hacer frente al pago hipotecario o al aumento sostenido del precio del alquiler. Hemos tenido ejemplos evidentes y trágicos los últimos meses: viviendas con graves problemas, incendios y derrumbes que han provocado víctimas mortales, desahucios, problemas de suministro eléctrico, la muerte de personas sin hogar...
Ante esto las entidades exigen poner fin a los desahucios, ofrecer programas de autonomía para las personas en situación de sinhogarismo y aumentar el parque público de vivienda hasta equipararnos a países de nuestro entorno.
Garantizar los derechos de las personas migrantes
Las personas migradas, y especialmente aquellas que se encuentran en una situación irregular administrativa, constituyen uno de los colectivos más vulnerables. Se encuentran, además, invisibilizadas por la sociedad y sin posibilidad de ejercer sus derechos.
Por ello las entidades piden al futuro gobierno de la Generalitat que actúe en aquellos ámbitos en los que tiene capacidad de influir, legislar y ofrecer programas y políticas destinados a este colectivo. Reclaman acciones para facilitar los procesos de inserción laboral y de obtención de los permisos de residencia; flexibilizar los procesos para la tramitación del informe de arraigo social; hacerse cargo de las personas solicitantes de protección internacional que malviven en campos de refugiados a través de programas de compromiso para la acogida de refugiados; ofrecer una regulación temporal a las personas que se mueven por varias regiones del territorio para trabajar en campañas temporales como la recogida de fruta, y garantizar que los jóvenes ex tutelados tengan el permiso de residencia y trabajo cuando llegan a los 18 años, con alternativa habitacional y acompañamiento.
Puede descargar el documento completo en este enlace.
